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INICIATIVA CIUDADANA POR FUERTEVENTURA

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(Santander Central Hispano)

NOTA DE PRENSA

ICF pide una Ley para para prevenir y reducir la ludopatía

Desde Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (ICF) reclamamos al Gobierno de Canarias la creación de una Ley efectiva para prevenir y reducir los casos de ludopatía ente la población.

La ludopatía es un trastorno reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), recogido en su clasificación Internacional de Enfermedades en el año 1992, y Canarias carece aún de recursos específicos para tratar esta enfermedad.

Los datos existentes al respecto señalan que existe un 2% de la población adulta y adolescente directamente afectado por la ludopatía. A lo que hay que añadir un 3% más de jugadores problemas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a un problema serio porque afecta a un número muy importante de ciudadanos, lo que le convierte en un problema de salud pública. Y es un problema serio porque por cada ludópata hay al menos un familiar que también sufre las consecuencias económicas y emocionales de la adicción.

Esta Ley debe:

Prohibir la existencia de las máquinas recreativas tipo “B” (tragaperras) en cafeterías y bares, limitándolas únicamente a locales con licencias especiales y un estricto control de entrada, para impedir la entrada de menores.

Prohibir la entrada de menores a las oficinas de la Loterías y Apuestas del Estado.

Crear unidades de asistencia a ludópatas en los principales hospitales de cada isla.
Implantar un Registro de Autoexclusión al ingreso de salas de juego.

ICF pide la racionalización y optimización de la Red de Museos de Fuerteventura

Desde Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (ICF) pedimos al Cabildo Insular de Fuerteventura una racionalización y optimización de la Red de Museos de Fuerteventura. Para esto creemos necesario:

La apertura de los museos el domingo para permitir una mayor afluencia de personas residentes en la isla, que por motivos laborales, con el actual horario, no pueden visitar estos centros.

La necesidad de que los museos se conviertan en verdaderos centros de investigación para asuntos de interés de la isla.

La mejora de los contenidos de algunos “museos” que en la actualidad únicamente se limitan a una serie de paneles informativos.

La contratación de personal cualificado en las materias respectivas de cada centro, al mismo tiempo que la contratación de personas mayores del lugar con el objetivo de extender la tradición oral.

Creación de un Museo de artes y tradiciones populares.

ICF lamenta la desacertada política por parte de las instituciones públicas en materia de vivienda en la isla

Ante el anuncio por parte de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno canario que la Comunidad Autónoma contará con un total de 2.906 nuevas viviendas de protección oficial (VPO). Por islas, 737 viviendas en Gran Canaria, 1.987 viviendas en Tenerife y 182 viviendas en La Palma.

Desde Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (ICF) lamentamos que la ciudadanía majorera tenga que resignarse una vez más, ante la desacertada política por parte de las instituciones públicas en materia de vivienda en la isla. Demostrándose una vez más la inoperancia de los representantes majoreros en el Gobierno de Canarias para defender los intereses de la isla de manera efectiva.

Esto se suma a la serie de despropósitos en materia de vivienda en la isla en los últimos 20 años. Estos despropósitos han provocado una importante zonificación sobre todo en Puerto del Rosario donde la política de Viviendas Sociales y VPO han y siguen creando zonas urbanas marginadas. Por otro lado nos encontramos con núcleos urbanos como Corralejo que aún no disponen de ni una sola promoción de VPO, a pesar de la gran cantidad de terreno donado al Ayuntamiento de La Oliva para los hijos del pueblo.

ICF plantea la profundización democrática de los instrumentos de participación ciudadana en el Estatuto de Autonomía

Desde Iniciativa Ciudadana por Fuerteventura (ICF) ante el anuncio del Ejecutivo Canario de volver a abrir la reforma del Estatuto de Autonomía, queremos manifestar la necesidad de aprovechar esta reforma para lograr una profundización democrática de los instrumentos de participación ciudadana recogidos en el actual Estatuto de Autonomía.

Por lo cual estimamos necesarias las reformas de:

- La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) recogida en el art. 12.5 del Estatuto de Autonomía y desarrollada en la Ley 10/1986, de 11 de diciembre, sobre iniciativa legislativa popular (B.O.C. 152, de 19.12.1986).

Mientras ahora la aprobación de la iniciativa recae únicamente sobre el Parlamento de Canarias, proponemos una ILP indirecta donde los ciudadanos intervengan en la aprobación mediante referéndum. La ILP indirecta consiste en que el paso siguiente a la recolección de firmas es la discusión de la medida en el parlamento. El parlamento puede aprobar la medida (o bien una medida similar que recoja el espíritu de la petición emitida por los ciudadanos), haciendo los cambios legislativos correspondientes. En caso contrario, el Parlamento está obligado a someter la cuestión a referéndum (a veces junto a una contrapropuesta parlamentaria). Si la propuesta es aprobada mediante referéndum es convertida en ley.

- El sistema electoral canario (recogido en la Disposición Transitoria primera del Estatuto de Autonomía) que es el más injusto de España y que está dejando sin representación parlamentaria a un creciente número de ciudadanos que no apuestan por las opciones tradicionales (CC, PP y PSOE). Por lo cual estimamos imperativo para la reforma del Estatuto de Autonomía la rebaja de las actuales barreras electorales del 30% insular y 6% regional al 15% insular y 3% regional, al mismo tiempo que el aumento del actual número de diputados de 60 a 70. Estas rebajas de las barreras electorales y el aumento del número de diputados permitirían alcanzar mayores cotas de representatividad del Parlamento de Canarias y reflejar mejor la diversidad social de canarias.

La inclusión en el Estatuto de Autonomía de:

- El Referéndum Obligatorio para la reforma del Estatuto de Autonomía.

- El Referéndum Facultativo por el cual, un ciudadano o grupo a través de la recogida de 50.000 firmas en un plazo de 3 meses puede convocar un referéndum que permita revocar la legislación que ha sido aprobada por el parlamento.

- La recusación de cargos electos por el cual, un ciudadano o grupo a través de la recogida de 15.000 firmas en un plazo de 30 días pueden proponer la revocación de un representante electo (30.000 firmas en el caso del Presidente). Si se recoge el número necesario de firmas, un referéndum es convocado donde se somete a consulta esta decisión.

Esperamos que las palabras de Paulino Rivero, de acercar la reforma del estatuto “a la calle” no caigan en saco roto y se promueva, por parte del ejecutivo, una participación activa de la ciudadanía en este proceso y su aprobación definitiva sea sometida a referéndum.